Estas cifras sitúan a la UMA entre las universidades españolas que más crecen, por delante incluso de las de Madrid y Cataluña, que en 2010 registraron un 16% y un 12% menos, respectivamente. Según datos facilitados por la Agencia de la Propiedad Industrial e Intelectual J. Isern, esta estadística contrasta con Málaga, pero también con otras universidades más pequeñas, como la Miguel Hernández de Elche, que con 10 solicitudes en 2010 creció un 233%; la de Castilla la Mancha, con 19 y un 138% de incremento y la de Extremadura, con 15 y 88% de crecimiento.
En términos globales y desde que en 1990 comenzara a solicitar patentes, la Universidad de Málaga acumula unas 150 solicitudes en vigor, la mayoría ya han sido concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y el resto (unas 50) permanecen en tramitación. «En general, suelen tardar dos o tres años en resolver la solicitud y, casi siempre, de forma favorable», precisa Adolfo Linares, técnico de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) y responsable de la gestión de las patentes de la UMA .
La tramitación de una patente científica es un proceso lento y laborioso, que requiere, en la mayoría de los casos, de una importante inversión económica para que pueda ser comercializada. Un salto del laboratorio al mercado que no siempre llega para las patentes que generan las universidades.
Trabajo investigador
De ahí que la de Málaga haya centrado gran parte de sus esfuerzos en impulsar y promocionar el trabajo investigador que se realiza a través del registro de patentes. Precisamente, el aumento de personal y recursos; la celebración de seminarios para informar y orientar a los investigadores sobre la tramitación y, por último, una mayor concienciación por parte de los científicos de la importancia de registrar sus resultados son algunas de las razones que, según Linares, han podido influir en ese crecimiento.
El registro de una patente universitaria conlleva la evaluación, redacción, tramitación de la misma por parte de la institución académica y su promoción y transferencia de los resultados patentados. Precisamente, sacarla al mercado o ‘licenciar’ una patente es lo más complicado y puede llevar varios años. La UMA ha licenciado dos en 2010 y otras dos, este año.
Las patentes universitarias tienen mayoritariamente un perfil tecnológico (en la UMA se centran en la electrónica, telecomunicaciones, biotecnología y salud), lo que requiere de un gran desembolso económico de las empresas que las adquieren para sacarlas al mercado. Según explica Linares, las universidades suelen recibir entre 1.000 y 5.000 euros a la firma del contrato para cubrir parte de los gastos de tramitación; el resto de pagos a las universidades se supedita a que haya o no explotación, algo que se suele demorar dos o tres años.
Si finalmente se explota, la universidad participará de entre un 5 y un 10 por ciento de los beneficios netos que genere la comercialización de esa patente, cuya vida es de 20 años. De esos beneficios que recibe la UMA, el 50% es para el investigador; un 25% para el departamento al que está vinculado y el otro 25%, para la institución académica.
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